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Con respecto a la etapa anterior, llamada “Programa Regional de Derechos Fundamentales y Justicia en la Región Andina” (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú), y sobre cada componente:

– Componente de Derechos Humanos y Políticas Públicas, desde el punto de vista técnico, destacó su carácter innovador para la Región. A diferencia de otras intervenciones en materia de políticas públicas, la combinación de estrategias de colaboración crítica (asistencia técnica independiente), la articulación de actores, y su enfoque teórico y conceptual, permitió contar con un programa único en materia de políticas públicas migratorias y de juventud. En ese sentido, debe destacarse:

  • La preocupación por grupos específicos como sujetos de derecho, cuya relevancia para los estados está aumentando y generando nuevos retos.
  • El uso del HRAB para evaluar las políticas públicas y empoderar a los actores en los procesos de gestión de competencias, que permite “tecnificar” el debate de los derechos humanos frente a la toma de decisiones.
  • La perspectiva y difusión del proceso andino de integración, en especial de la normativa comunitaria, demostrando su vigencia, su carácter supranacional y su impacto en la protección y garantía de derechos.
  • Cada una de las actividades desarrolladas por este componente fue diseñada y ejecutada en coordinación con instituciones aliadas de la región, como las Defensorías del Pueblo de Perú, Ecuador y Bolivia, la Mesa de Trabajo sobre Migraciones Laborales de Ecuador y a la Organización Internacional para las Migraciones, entre otras.

– Componente de Acceso a la Justicia, destacan:

  • La participación activa de las organizaciones sociales indígenas, de sus líderes que administran justicia, y de los jueces de la justicia ordinaria, de todo nivel. Las actividades se han desarrollado en coordinación con las más altas esferas del Sistema de Justicia.
  • La innovación regional en cuanto a estrategias para enfrentar el reto de la diversidad jurídica regional. Los alcances, estrategias y logros de las actividades han sido mayores que los esperados. En este caso, se han logrado acuerdos entre autoridades judiciales ordinarios y líderes indígenas.
  • Su impacto en la toma de decisiones de la Región. Las actividades realizadas han permitido proyectar una necesidad de políticas públicas como han sido el caso de Ecuador, Bolivia y Perú. Destacan en este proceso los insumos para las Escuelas Judiciales de la Región.
  • A diferencia del otro componente, las actividades se han realizado a nivel de unidades territoriales sub-nacionales, lo que ha permitido un mayor impacto local. No obstante, las decisiones de más largo aliento necesitaban de un proceso de incidencia a nivel de autoridades nacionales, y así se procedió. 

 

Consideramos que la continuación de estos resultados positivos y su concreción en políticas públicas es necesaria. Por tal motivo, propusimos una segunda etapa, donde buscamos a través de nuevas estrategias de intervención, incidir y transformar políticas públicas comunitarias, nacionales y/o sub-nacionales.

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